Resulta que después de tanta columna también he tenido que hacer un par de editoriales. Es decir, más o menos lo mismo, pero en un estilo impersonal. Creo que éste vale la pena, trata de un asunto muy poco cubierto por los medios de comunicación, ahora entenderéis por qué. Podéis empaparos más sobre el tema en El País, que creo que es el único diario nacional de envergadura que ha empezado a darle algo de cancha. [La foto es mía]

Islandia se ha convertido ya en toda una anomalía en la lucha contra la crisis económica. La negativa de sus ciudadanos a cargar con la deuda de sus bancos en el referéndum del pasado sábado ha despertado la ira de Reino Unido y Holanda, principales acreedores, así como del propio gobierno islandés, que ha visto desbaratada su agenda económica y sus relaciones con la comunidad internacional, que amenaza con llevar el caso a los tribunales. Todo un imprevisto para unos mercados nada acostumbrados a chocar contra la democracia.

Dicha consulta, propuesta por el presidente Oláfur Ragnar Grímsson tras negarse a ratificar la decisión del Parlamento, planteaba la socialización de 4.000 millones de euros de deuda externa, un tercio del PIB del país. Es decir, sus apenas 300.000 habitantes debían decidir si repartirse o no el pago de dicha cantidad con intereses del 3% a 37 años o desafiar al gobierno y negarse a cargar con los desmanes de la banca. Aupado por la llamada revolución de las cacerolas –en alusión a las populares manifestaciones en las calles–, ganó el no con casi un 60% de los votos.

El referéndum tiene un precedente en diciembre de 2009, cuando más de un 90% de los votantes se negó a afrontar un 5,5% de intereses a 15 años. Sea como fuere, el tiempo de negociación ha concluido y sólo queda abierta la vía judicial, para sorpresa de un ejecutivo que observa con impotencia cómo su pueblo desbarata sus acuerdos internacionales. Un pueblo irritado ante el empeño generalizado en defender a los bancos aun a costa de una oleada de recortes sociales, subidas de impuestos y una tasa de paro del 8% en un país antes acostumbrado al pleno empleo.

Una situación que no es sino consecuencia natural de una época de bonanza inflacionista que tocó su fin y reclamaba un cambio, a diferencia de lo previsto por todas las demás naciones, más proclives al rescate, la austeridad y el tirar hacia adelante. Así, los islandeses provocaron en 2009 la caída del anterior gobierno de coalición conservador-socialdemócrata, la investigación de los hechos y detención de responsables, así como la redacción de una nueva Constitución que responda a las necesidades del país.

Entretanto, Reino Unido y Holanda tienen ahora un problema. Reclaman un dinero perdido por bancos islandeses que ya no existen, y negocian con un gobierno que no representa la voluntad de sus ciudadanos. Su negativa a acarrear los costes de una política económica descontrolada es algo con lo que no contaba ninguno de los agentes. Sin embargo, enfrentarse a esa realidad es enfrentarse a la democracia. Admitir algo tan amenazante como que debe contarse con el parecer del pueblo antes de sancionarlo.

Difícil tarea la que tienen por delante los tribunales. Tal vez la solución no sea simplemente económica.